La trayectoria del senador Andrés Zaldívar o la promiscua convivencia entre los poderes político, económico y su conflicto de intereses o en el peor de los casos permiten un pasar nada desdeñable, está en una curiosa posición jurídica.



Aunque es querellante en una causa por injurias y calumnias entablada contra Marcel Claude, director de la Fundación Océana, se ha abstenido de comparecer a declarar en la etapa de plenario, acaso esperando que pase el próximo 11 de diciembre, tal vez para prevenir ecos de prensa potencialmente embarazosos, relativos a la acusación de Claude, de haber tenido conflictos de intereses, o para decirlo sin ambages, de haber hecho desembozado lobby a favor del grupo empresarial de Anacleto Angelini, durante la tramitación de la ley de pesca, el año 2002.




Para entender el intríngulis, es necesario consignar, en primer término, que la actual ley de pesca, conocida como “ley corta”, vigente hasta 2012, o en su defecto, hasta ser reemplazada por la “ley larga” o permanente, presenta todos los atributos y aditamentos que caracterizan al sistema imperante, neoliberal en lo económico, binominal en lo político y empresarial en la acumulación. Por de pronto, es el típico ejemplo de una ley que entró al trámite legislativo como caballo y salió como camello, en el sentido de que discursivamente se la justificó con el pretexto de “regular” el sector, pero que en la práctica terminó entregándole un recurso que pertenece a todos los chilenos, al poderoso sector pesquero industrial, monopolizado por los principales grupos económicos del país, entre ellos, en calidad de “primus inter pares”, el de Anacleto Angelini Fabri.




Enseguida, ya en el mismo 2003, apenas un año después de la promulgación de la dichosa ley, la cotización bursátil del las principales pesqueras industriales alcanzó el espectacular incremento del 62%, mientras que su retorno por exportaciones creció en un 405% en el caso del jurel, y en un 348% en el caso de la merluza de cola.


Estos sustanciosos resultados obedecen, entre otras razones, a la peculiar arquitectura de la mencionada ley, que le entrega a la industria pesquera, en promedio, el 80% de las cuotas de captura de las especies comercialmente rentables, lo que en rigor significa asegurarle por al menos una década, el millonario negocio de la pesca al sector industrial. Uno de los argumentos más esgrimidos durante el trámite parlamentario, orbitó como de costumbre, en torno a la supuesta generación de empleo que provocaría la ley.





Nada más falso.


Como señala el documento En la Ruta del Mar Muerto, de la Fundación Océana, de 2004, “mientras el 80% de las cuotas pesqueras se ha asignado a la industria que provee menos del 20% del empleo, el 20% de las cuotas se ha entregado a la pesca artesanal, que es responsable de más del 80% del empleo en este sector”. En cifras, esto significa que de los aproximadamente 73 mil puestos de trabajo en el sector pesquero, unos 60 mil son aportados por los pescadores artesanales, a los cuales la ley ha condenado a la virtual desaparición. Un segundo argumento de importancia de los lobbystas de la ley, apuntó a que su implementación regularía la captura, y por ende, aseguraría la conservación de la bíomasa marina. Sin embargo, el informe de Océana demuestra que en realidad, sucedió exactamente lo contrario:



“Al mismo tiempo que se rentabilizan de manera sobresaliente las inversiones y los negocios pesqueros, el estado de conservación de las biomasas pesqueras es cada vez peor. (…) La sobrepesca ha provocado el colapso de las principales pesquerías pelágicas del país, tales como, la anchoveta, el jurel, la sardina común y la sardina española. La principal conclusión de este estudio es que el 95,8% de los recursos pesqueros están en una situación, ya sea de incertidumbre sobre el estado en que se encuentran las biomasas, pues aún no se tiene información sobre el real impacto de los desembarques sobre el stock, o en un claro estado de sobreexplotación”.




En suma, el singular parlamento binominal le entregó a título gracioso una de las principales riquezas del país, de hecho la tercera en retornos por exportaciones, a los grupos empresariales del país, al costo de la pauperización y alteración del modo de vida del sector artesanal, altamente intensivo en fuentes de trabajo, y de una amenazante sobreexplotación de los recursos marinos, que puede desembocar en una catástrofe ecológica de insospechadas proporciones. Eso sólo es posible en virtud de la tercera de las características tipificantes del modelo; a saber, la desprejuiciada promiscuidad entre el poder político y el poder económico, que presenta una razón de inversa proporcionalidad al control democrático de una sociedad dada. El documento Análisis de Políticas Públicas Nº 13 de la Fundación Terram, de diciembre de 2002, denominado Informe Zaldívar: El Conflicto de Interés en la Ley de Pesca, demuestra de manera inequívoca la notoria estatura que alcanzó la intervención del gran chico en la promulgación de la ley.




De entrada, el informe el informe solicitó la inhabilidad de los hermanos Andrés y Adolfo Zaldívar en la votación de la ley, en virtud de lo dispuesto en el artículo 5º B de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso, que establece que “los miembros de cada una de las cámaras no podrán promover ni votar ningún asunto que interese directa o personalmente a ellos o a sus cónyuges, ascendientes, descendientes o colaterales hasta el tercer grado de consanguinidad y el segundo de afinidad”.




El informe afirma que era el caso de Andrés Zaldívar, toda vez que a la fecha poseía 290 mil 435 acciones directas en Eperva, buque insignia del grupo Angelini, y dos millones 76 mil 308 acciones si se agregaban el millón 666 mil 873 que poseía a través de las sociedades de inversión Inmobiliaria Concordia e Inversiones Algarrobal, y las 119 mil que tenía su cónyuge, Inés Hurtado. El informe agrega que al valor de 180 pesos por acción, el paquete accionario del candidato a senador por Santiago poniente alcanzaba a 373 millones 735 mil 440 pesos. Bastante mayor que el de su hermano Adolfo, actual presidente del partido, que con sus 28 mil 882 acciones, acumulaba cinco millones 198 mil 760 pesos, al mismo precio por acción. Pero si se considera a la familia Zaldívar en su conjunto, que según el informe poseía cuatro millones 656 mil 646 acciones en Eperva, se llega a la cifra de 838,2 millones de pesos, alrededor de un millón y medio de dólares al cambio actual.




Pero eso no es todo, pues el informe agrega: “la ganancia patrimonial de la familia Zaldívar, como consecuencia de su compra de acciones desde 1995 a 2001 y el aumento del precio de la acción por la nueva legislación, es de 309,5 millones de pesos en el período 1995-2001”. Esto es así, según el informe, porque desde la fecha en que se presenta la moción de modificar la ley de pesca y extender el límite máximo de captura por armador a las regiones I y II, donde opera pesquera, “el precio de las acciones de Eperva ha aumentado en cerca de un 125%, lo que significa una ganancia patrimonial de 37 mil 647 millones de pesos, o 53,7 millones de dólares para la empresa y consecuentemente para todos aquellos que tenían participación accionaría”.




En informe abunda sobre la profusa red de relaciones entre la familia Zaldívar y el grupo de empresas de Angelini, que por razones de espacio no es posible detallar. En cambio, a los efectos de esta modesta contribución a la transparencia de la función pública, no se puede omitir el capítulo relativo a lo que eufemísticamente el informe de Terram denomina “participación de Andrés Zaldívar en la discusión de la ley 19.079”, y que otros más suspicaces denominan derechamente lobby. Acaso el efecto principal de esa intervención, o lobby, fue extender el sistema de límite máximo de captura por armador a las regiones I y II, donde opera Eperva, inicialmente no contempladas en la ley.




Asimismo, consiguió declarar la inconstitucionalidad del título III del proyecto que salió de la Cámara de Diputados, que según versiones de prensa de la época, había molestado extremadamente a Angelini. Como consigna el informe de Terram, “el tema más discutido por Zaldívar fue el de las vedas en las regiones I y II. No hubo acuerdo entre ambas cámaras. El Presidente de la República presentó un texto refundido que finalmente se aprobó”.



En el periódico gubernamental La Nación, del día 24 de noviembre de 2002, se lee en página 6: “en la polémica navegación de ese proyecto por el Congreso, se comentó el fuerte lobby que ejerció el grupo Angelini, y especialmente los hermanos Zaldívar, para obtener los votos de su aprobación”. En la oportunidad, Zaldívar declaró que sólo tenía un 0,2% de las acciones de Eperva, y que en consecuencia no se sentía inhabilitado para votar la ley.




Pero, en honor a la brevedad, cabe señalar que la fundamentada ofensiva comunicación al de Claude lo obligó a inhabilitarse, cuestión que no tuvo mayor efecto práctico, toda vez que un lobby todavía más decisivo, el del propio Ricardo Lagos, logró la aprobación de la ley, con los únicos votos en contra de los senadores José Ruiz di Giorgio y Nelson Ávila.




El lobby de los Zaldívar no concluyó con la inhabilitación de Andrés, pues su hermano Adolfo ingresó en la Comisión de Pesca del Senado, donde se tramitaba la “ley larga”, hasta que la fuerte contraofensiva de los pescadores artesanales consiguió congelarla, al menos hasta el 11 de diciembre. Como se consignó al principio, Andrés Zaldívar entabló una querella por injurias y calumnias contra Marcel Claude. La resolución del juez Alejandro Madrid fue absolutoria en primera instancia, y apelada por la parte querellante.




La Corte determinó una serie de diligencias para mejor resolver, entre ellas sendos interrogatorios al senador Andrés Zaldívar y al magnate Anacleto Angelini. A pesar de que su opción senatorial aparece abajo en las encuestas de su compañero de lista, Guido Guirardi, o más bien por lo mismo, a la fecha del cierre de la presente edición, el senador Zaldívar, pequeño de estatura pero grande de corazón, todavía no comparecía a deponer en estrados judiciales, cuestión que también podría atribuirse a la estrategia de la defensa de Marcel Claude, consistente en probar su inocencia en virtud del principio de la exceptio veritae, vale decir, la demostración de sus dichos.



Esto es un aporte de Francisco Herreros.



La verdad siempre llega tarde, pero siempre de conoce quien son los que mienten al país y quieren seguir mintiendo y engañando, si para ellos no existe conflicto de intereses.



Pablo Ramírez Torrejón (PD).


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