Pedir información pública: ¿Quién los solicita? ¿Y quién es usted? O venga mañana o Llámeme el viernes, quien no ha pasado por estas respuestas, quien paga estos costos. Un tour por los principales órganos del Estado chileno: El vía crucis de pedir información pública. "Un gobierno bajo la luz del sol" pidió la Presidenta esta semana, al anunciar una serie de medidas pro transparencia y enfatizó la necesidad de mejorar el acceso a la información pública.


Mediodía. Oficina de Partes del Ministerio de Agricultura.

-Buenos días. Necesito unos decretos. Fui a Contraloría, me dieron los números y dijeron que viniera a buscarlos acá.

El funcionario abre unos grandes ojos y pregunta:

-¿Quién los solicita?

-Yo.

-¿Y quién es usted?

-¿La ley no asegura que cualquier persona puede requerir información pública sin identificación?

-Sí. Pero aquí pedimos identificación.

-Ah. ¿No es información pública un decreto del ministerio visado por la Contraloría?

-Sí. O sea, no. Nosotros tenemos que controlar a quién se lo entregamos, para evitar su mal uso.

Es la respuesta que un ciudadano común encuentra al requerir información que por ley debiera estar disponible para todos.
El hombre deriva a un segundo funcionario a cargo del servicio, Jorge Fuentes, quien realiza un cuestionario sobre la utilización de los decretos requeridos. Al explicar "investigación periodística" se le acaba la sonrisa.

-Tengo que pedirle permiso a mi jefe.

Hay que subir al quinto piso, pero el jefe no está. Ya con nombre, título y explicación de para qué se requiere, se vuelve a preguntar:

-¿No es pública esa información?

-Es pública, pero con la autorización del jefe.

"Son públicos los actos administrativos de los órganos de la Administración del Estado y los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial", dice la Ley de Probidad, pero al parecer acá no la conocen.

"Es un precepto que está muy bien escrito, es muy bonito, pero en la práctica es casi letra muerta. Salvo que uno maneje muy bien el sistema y sepa qué tecla apretar para que funcione la máquina", comenta el abogado experto en transparencia Luis Felipe Campos, de Ernst & Young.

Cualquier ciudadano podría requerirla. Aun así, Fuentes debe pedir permiso para otorgar una información que está en el archivo de esa misma oficina.

El jefe no está. Luego de otros 15 minutos el funcionario vuelve con una respuesta:

-Mi'jita. Tiene que redactar una carta donde pida formalmente la información. Ahí mi jefe evalúa si se la da.

"Mi'jita" pide lápiz y papel y, ante los ojos incrédulos de secretarias y empleados fiscales, redacta a mano el petitorio.

De vuelta en la oficina de partes, el funcionario le explica que como tiene "mucha pega" y estos son archivos "muy antiguos" -de 1999 a 2001- se va a demorar en buscarlos.

-Llámeme el viernes.

Técnicamente, el jefe de servicio tiene 48 horas para responder -mediante carta certificada- si se niega a presentar la información. Tal negativa debe fundamentarse en que la información es de carácter secreto, según reglamento interno de la institución correspondiente.

"Los distintos servicios públicos empezaron a dictar reglamentos, aplicando la ley, donde más de la mitad de la información se declaraba secreta o reservada", explica Hernán Larraín, senador UDI propulsor de la iniciativa que se tramita en el Congreso para mejorar el acceso a la información.

Finalmente, en el Ministerio de Agricultura la información que estaba disponible en archivo tarda 48 horas en ser entregada. Eso sí, con un decreto de menos ya que "no existe".

Predicar con el ejemplo.

El organismo que debiera ser transparente por excelencia, la Contraloría General de República, tampoco pasa el test.

Hace cuatro meses, requerir allí el detalle de las constructoras cuyos permisos contravenían el Plan Regulador en Las Condes era toda una odisea.

"Yo te llamo", era la respuesta del jefe de Comunicaciones de esa época. Y, por supuesto, nunca llamó, nunca hubo carta certificada y nunca hubo información.

Hoy las cosas están algo más eficientes. Cambió el personal de comunicaciones. Esta semana, al requerir los sueldos de los funcionarios públicos fueron enviados en dos días. Salvo los cargos de asignación directa de la Presidenta, que también son públicos.

Un amigo en su camino.

-Llame al coronel Villarroel.

Era la eficiente respuesta de la Subsecretaría del Interior. En menos de cinco horas habían derivado la petición de cifras sobre la implementación este año del Plan Cuadrante. Un récord.

Pero la ilusión terminó rápido.

-¿Quién le dijo que me llamara? -pregunta el coronel.
-En el Ministerio del Interior.

-Ningún problema, pero tiene que pasar primero por Comunicaciones. Hable con el comandante Fuenzalida.

Difícil hablar con él, porque estaba fuera de Santiago. A falta de comandante, es el sargento Mora quien explica que "depende de la importancia del reportaje y a quién se asigna responder".

Tres días después insistimos con el comandante Fuenzalida. Nada. Al día siguiente, el sargento Mora avisa que "ya tengo la persona": el coronel Jorge Villarroel.

Sin embargo, como nunca le enviaron el requerimiento -como para agilizar el trámite mientras se autorizaba-, éste no pudo recopilar la información a tiempo.

Hay cosas peores.

Existen divisiones donde simplemente no contestan. Es el caso de la División de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas. Al requerir información por escrito y por teléfono sobre los montos de las concesiones de cárceles, nunca hubo respuesta.


Texto original y escrito por: Constanza Hola Ch. Domingo 26 de noviembre de 2006.


Pablo Ramírez Torrejón (PD)

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